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Enriquecimiento, exterminio y resistencia indígena: La nueva acumulación capitalista extractiva en Guatemala


Enriquecimiento, exterminio y resistencia indígena: La nueva acumulación capitalista extractiva en Guatemala
 
Marco Fonseca
 
Después de los Acuerdos de Paz la demanda indígena por tierra fue interpretada e implementada por FONTIERRA, siguiendo al BM, como demanda por títulos individuales. Esto es parte de un proyecto mucho mas profundo de individualizar a comunidades indígenas donde el “yo” no se entiende de modo discreto, privatizado y enraizado en relaciones de propiedad. Se trata de un proyecto cultural e ideológico de exterminación del sujeto colectivo indígena y su reemplazo por un sujeto privatizado que así puede convertirse mas fácilmente en “ciudadano” pero también en mercancía y entrar en los círculos de intercambio del ser mismo, su fuerza de trabajo, su cultura y su tierra. Es un pues un proceso de colonización del ser indígena que ni siquiera la destrucción y colonización colonial española y Católica habían llevado a estos niveles de mercantilización y reificación. Y esto es precisamente lo que se ha venido dando como parte de la globalización económica y de sus presupuestos normativos. Aquí es donde la ley internacional e incluso organizaciones globales de la “sociedad civil” y sus presupuestos individualistas y legitimación de relaciones de propiedad privada, como parte de los fundamentos ideológicos del orden internacional neoliberal, ha sido totalmente adoptado, diseminado y requerido por medio de las instituciones neoliberales del orden internacional de la posguerra como el BM, el FMI, el BID y el BCIE.
 
Uno de los resultados de este proceso de individualización y privatización de tierras indígenas comunales y formas colectivas de cultural, producción y ecología ha sido el desenraizamiento de las formas comunales de ser y estar, de sociedad y de sus suportes sociales y económicos. Lo que ha quedado ha sido el crecimiento de la pobreza y la pauperización vinculadas a la inhabilidad estructural de lo que queda en las comunidades (una individualidad desecada y sin perspectivas) de vincular la fuerza de trabajo “liberada” de la tierra y cultura colectiva indígena al nuevo sistema neocolonial de plantaciones que ha surgido en los lugares mas afectados. La migración a la ciudad o al exterior no puede compensar la falta de oportunidades o las condiciones inhumanas de trabajo en lo que queda de los lugares de origen o lo que pueden ofrecer los enclaves agro-industriales que dominan el panorama económico y geográfico de la región.
 
Como parte del proceso de aceleración en la transferencia de títulos indígenas individuales a corporaciones agrícolas monopolistas lo que hemos visto ha sido el resurgimiento de un latifundismo neocolonial pero esta vez vinculado al orden globalizador corporativo que no ha dejado de afectar profundamente a las asociaciones corporativas nacionales de Guatemala vinculadas o agrupadas al CACIF. Sin los Acuerdos de Paz ofrecieron una oportunidad efímera de construir un liberalismo con ciertos niveles de justicia social y de inclusión política indígena, el arrivo de esta ola globalizadora neoliberal por medio de la minería y la nueva agro-industria prefiere un liberalismo a ultranza que dispensa de las formalidades democráticas y opta por una política de seguridad dura tal y como ha sido implementado por la administración del Presidente Otto Pérez Molina. El estado de sitio impuesto en el departamento de Santa Rosa como respuesta a la protestas locales contra la minería extranjera son ejemplo perfecto de estas tendencias.
 
Como lo muestra el estudio de Alberto Alfonso-Fradejas (“Sons and Daughters of the Earth: Indigenous Communities and Land Grabs in Guatemala”)[1] a partir del año 2003 llegan compañías azucareras y corporaciones para la producción de aceite de palma a varias regiones de Guatemala incluyendo el norte de El Quiché. Este proceso ha contribuido al incremento de la concentración de tierra orientado a la producción de productos agrícolas para la exportación y de alta demanda en el Norte Global y, al mismo tiempo, a la exclusión social y económica de las poblaciones locales afectadas que han permanecido fuera de la atención nacional política. Se trata de un proceso corporativo, neoliberal de producción para la exportación basada en la acumulación de tierras por medio de una privatización e individualización previa que le ha dado un manto de legalidad y legitimidad que el simple desplazamiento poblacional violento de antes ya no puede otorgar. Esto también ha servido de escudo ideológico para las instituciones nacionales e internacionales que le han dado marco teórico, credibilidad y financiamiento a esta políticas de “desarrollo” económico basado en la ficción de las ventajas comparativas como medio de una “crecimiento nacional compartido”. Es, así, un proceso de acumulación excluyendo de mayorías indígenas y enriquecedor del 1% local.
 
En particular, en lugares como el norte de El Quiché se han expandido plantaciones de azúcar y aceite de palma para la exportación todo a expensas de la producción local y comunal tanto de alimentos como de otros productos agrícolas para el consumo local. La poca soberanía alimenticia que existía en la comunidades indígenas que colonizaron el norte de El Quiché ya sea durante el desarrollo de la Franja Transversal del Norte o como resultado de la guerra genocida ha sido progresivamente perdida después de los Acuerdos de Paz aun cuando los mismos, por medio del Acuerdo Indígena, hicieron un llamado por un modelo de desarrollo distinto y mas apegado a la cultural indígena sin propiedad privada, sin preponderancia de la producción para la ganancia y sin dependencia de corporaciones nacionales o transnacionales en su región.
 
En lugar de lo que los Acuerdos de Paz pudieron hacer posible, lo que se ha dado es un auge súbito en las exportaciones de azúcar, aceite de palma y etanol que han visto un crecimiento enorme en los últimos 10 años al mismo tiempo que se ha producido un aumento de la pobreza indígena igualmente súbito. Como lo revela el estudio de Alfonso-Fradejas en Guatemala solo hay 14 compañías propiedad de 14 familias oligarcas que controlan la producción y exportación de azúcar organizadas en la ASAZGUA que forma parte del CACIF. Igualmente solo hay 5 compañías que controlan la producción de etanol y solo 8 familias que controlan la producción de aceite de palma organizadas en GREPALMA y que también es parte de CACIF. El Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Centroamericano de Integracion Economica han apoyado financieramente la expansión en producción y exportación de azúcar, etanol y aceite de palma en tierras indígenas privatizadas en grante parte por las política de FONTIERRA.
 
Este proceso que se inició con la individualización y privatización de tierras comunales indígenas ha dado como resultado entonces que las comunidades indígenas se han convertido de nuevo en fuente de trabajo temporal, barato y por contrato para las grandes plantaciones agro-industriales de la oligarquía agrícola local.
 
Vinculado a todo esto, sin embargo, también encontramos un nuevo proceso de resistencia indígena al “desarrollo” y la expansión agro-industrial. Hay demanda de justicia creciente vinculada a las luchas indígenas y de comunidades pobres contra el desarrollo extractivo minero, pero también contra este modelo de desarrollo agro-industrial vinculado a las necesidades del Norte Global y beneficiando a una elite local diminutiva. Es en este contexto que el debate por el genocidio y la sentencia a Ríos Montt adquieren enorme relevancia para las luchas indígenas contra el capital nacional y extranjero. Porque si hay justicia para los pueblos indígenas en el caso de Ríos Montt entonces es posible que haya justicia también en los casos contra la minería y la agro-industria. Esto es precisamente lo que tanto la clase política dominante como la organización principal del sector privado – el CAFIC – no quieren que se produzca.
 
 



[1] “Sons and Daughters of the Earth”: Indigenous communities and land grabs in Guatemala, Land & Sovereignty in the Americas Series, No. 1) Oakland, CA: Food First/Institute for Food and Development Policy and Transnational Institute.

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